07 jun. 2013

Gallardón juega a ser hacker. Software espía 1ª parte: aspectos legales

(7 valoraciones)
por Tomy Palacios Martínez

El anteproyecto de ley del Código Procesal Penal, que pretende sustituir a la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha levantado ampollas y suspicacias entre los usuarios de Internet, al recoger en el artículo 350 y siguientes, entre las diligencias de investigación de los delitos, la posibilidad de instalar software espía en el marco de una investigación policial, con el objeto de esclarecer los hechos que se están investigando.

En dichos preceptos se regula esta medida de registro remoto sobre equipos informáticos, tablets, ordenadores, smartphones y cualesquiera otros dispositivos electrónicos susceptibles de almacenar datos importantes para la causa.

En principio, el borrador impulsado por el Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, sólo prevé la utilización de dichas técnicas para delitos dolosos (cometidos intencionadamente) cuya pena máxima exceda de los 3 años de prisión, así como para aquellos cometidos por una organización criminal o terrorista, o bien consumados por medio de dispositivos informáticos: phising (estafas por internet), cyberbullying (acoso en la red), grooming (acoso sexual a menores por internet), etc.

Software espíaEl registro remoto tendrá una duración máxima de 10 días y el ordenador o dispositivo tendrá que encontrarse en España.

Asimismo, las empresas proveedoras de acceso a Internet, las encargadas de la seguridad en la red, así como cualquier otra persona con conocimiento del sistema informático del dispositivo al que se pretende acceder, se verán obligados a colaborar con los agentes investigadores si así se les solicita.

Desde un punto de vista técnico, surgen varios interrogantes y problemas que se explican en este artículo.

Desde un punto de vista legal, también se ha generado controversia entre los distintos operadores jurídicos al considerarla, en muchos casos, como medida excesivamente invasiva, pues es evidente que ataca directamente a los derechos fundamentales, al secreto de las comunicaciones y a la intimidad personal, reconocidos en el artículo 18 de nuestra Constitución.

En este sentido, no cabe olvidar tampoco que en el ámbito del Derecho Internacional, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, en su art. 8 Derecho al respeto a la vida privada y familiar, dice textualmente :

    1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.
    2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho , sino en tanto en cuanto esta injerencia éste prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.

Software espíaAlgunos juristas, al amparo de ello, dudan abiertamente de la constitucionalidad de la norma, al considerarla una medida demasiado invasiva, pues la misma permitiría entrar en chats, emails, redes sociales y demás cuentas online del investigado e incluso conocer las claves de la banca online, considerando al mismo tiempo que el catálogo de delitos en cuya indagación se puede aplicar es excesivamente amplio.


En mi opinión, es cierto que se trata de un tema delicado. Por un lado, si bien la medida entra en clara colisión con los derechos fundamentales invocados, no es menos cierto que otras medidas ya existentes, aunque no tan invasivas, como la interceptación de las comunicaciones telefónicas y postales también chocan contra nuestras libertades y sin embargo, al estar instauradas desde hace tiempo, nadie considera que vulneren nuestros derechos. Por otro lado, la norma exige que la resolución judicial que la autorice, motive su adopción conforme a los principios de excepcionalidad, proporcionalidad e idoneidad. Es decir, dicho método deberá ser proporcional a la gravedad de los hechos, idóneo para investigarlo y utilizado sólo cuando no estén a disposición de la investigación, en atención a sus características, otras medidas menos gravosas para los derechos fundamentales del encausado e igualmente útiles para el esclarecimiento del hecho.

A priori si se respetan dichos principios, no considero que la misma conculque derechos fundamentales, si bien lo que me suscita serias dudas es, por un lado, que las actuaciones en la práctica se ajusten estrictamente a la norma, para evitar injerencias excesivas en la intimidad que desemboquen en pruebas nulas, y por otro lado, estoy de acuerdo con los profesionales que consideran que debería establecerse un numerus clausus (catálogo cerrado) de delitos a los que pueda aplicarse, ciñéndose sólo a los de especial gravedad, para no convertir la medida en un salvoconducto a un Estado policial.

Ahora mismo, la realidad es que en el único país en que está regulada y se está aplicando una medida similar es Alemania, si bien tan sólo en investigaciones de delitos relacionados con el terrorismo. Si finalmente se aprueba en España, veremos en qué términos y de qué modo se hace efectiva.

Y tú, ¿qué opinas?, ¿estás a favor o en contra de este tipo de medidas inquisitivas para la averiguación de la comisión de ilícitos penales?.

Etiquetas: Penal en Jurídico
(7 valoraciones)
0 Comentarios

Normas de uso.
Esta es la opinión de los internautas, no de mvpasesores.com.
No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Aceptar

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia de navegación y realizar tareas de análisis.
Al continuar con su navegación entendemos que da su consentimiento a nuestra política de cookies.