17 abr. 2015

Retroactividad de las cláusulas suelo: novedades introducidas por el Tribunal Supremo

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por Tomy Palacios Martínez

En fecha 24 de marzo de 2015, el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, ha dictado una nueva sentencia, publicada en el día de ayer, que matiza la doctrina instaurada mediante su famosa sentencia de 9 de Mayo de 2013, que resolviendo sobre una acción colectiva de cesación, anulaba las cláusulas suelo de tres entidades financieras: BBVA, Cajamar y Novagalicia Banco, hoy Abanca.

Dicha resolución llevaba anudada una declaración de irretroactividad de las cláusulas suelo anuladas, es decir de no devolución de las cantidades cobradas de más en aplicación de los límites a la variabilidad del interés que se ordenaban anular como consecuencia de dicho fallo, basándose en la trascendencia o graves consecuencias que tendría para el orden público económico.

A partir de dicha resolución, nuestras Audiencias Provinciales han seguido criterios dispares en cuanto a la concesión de la restitución a los prestatarios de tales cantidades. Así, resulta que algunas de ellas otorgaban la retroactividad al consumidor, partiendo principalmente del brocardo "quod nullum est nullum effectum producit" (lo que es nulo no produce ningún efecto), plasmado en el art. 1303 de nuestro Código Civil, que regula los efectos derivados de la nulidad de los contratos, así como en el axioma de que las reclamaciones individuales no originan per se ningún trastorno grave al orden público económico. A sensu contrario, otro grupo mayoritario de Audiencias Provinciales, entendiendo extensible la doctrina del Tribunal Supremo a las reclamaciones individuales, venía confiriendo efectos ex nunc a las declaraciones de nulidad, es decir, desde la fecha de las sentencia, vedando así a los afectados la posibilidad de obtener el reintegro de cantidades abonadas en exceso por aplicación de dicha cláusula con anterioridad al fallo judicial.

Retroactividad cláusula suelo

En esta nueva sentencia de 24 de marzo de 2015, nuestro más alto Tribunal matiza y unifica dicha doctrina para introducir seguridad jurídica en la jurisprudencia menor, despejando dudas en dos puntos principales.

En primer lugar, la Sala determina expresamente la irretroactividad de las declaraciones individuales de nulidad de la cláusula por abusividad. Para ello apela nuevamente al orden público económico, defendiendo que la afectación de éste no depende de las cuantías a reclamar, sino que el conjunto de procedimientos singulares contra las entidades financieras por dicho particular supondría igualmente un trastorno grave al mismo. Asimismo, introduce como argumento jurídico novedoso para la limitación de los efectos de la nulidad de dicha condición general de contratación el de la “buena fe”, considerando que en general las entidades financieras venían cumpliendo la legislación sectorial relativa a la transparencia en las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios (principalmente la OM de 5 de mayo de 1994), así como que la falta de transparencia de las mismas no deriva de su oscuridad interna, sino de insuficiencia de información, no siendo hasta la sentencia de 9 de mayo de 2013 cuando se establece el doble control de transparencia que en la actualidad aplican nuestros tribunales para decidir sobre la nulidad de cada una de las introducidas en los distintos préstamos hipotecarios.

En segundo lugar, partiendo de lo anterior y dado que consideran los Magistrados que a partir de mayo de 2013, las entidades crediticias sí se encuentran ya en disposición de conocer las condiciones en las que debe o no reputarse lícita cada cláusula suelo inserta en los préstamos hipotecarios a interés variable que han comercializado durante estos años, fijan como doctrina, para las sentencias de nulidad que se dicten a partir de ahora, la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013.

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