26 may. 2014

Responsabilidades del empresario en prevención de riesgos laborales

(7 valoraciones)
por Leticia Canto

Nuestra Constitución Española otorga al trabajador de una especial protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo que conlleva un deber del empresario de protección de los trabajadores frente riesgos laborales adoptando cuantas medidas fueren necesarias.

Se trata de un deber personalísimo del empresario que no es trasladable al trabajador ni a terceros, aunque su cumplimiento puede desarrollarse en coordinación con otras entidades.

El deber general de prevención se traduce en una serie de obligaciones:

  • Deber general de prevención y protección.
  • Deber de integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva.
  • Deber de coordinación de actividades empresariales.
  • Deber de vigilancia de la salud de los trabajadores.
  • Deberes de información y formación de los trabajadores.
  • Deber de protección especial de ciertos grupos de trabajadores.
  • Deber de paralización de la actividad en situaciones de emergencia y de riesgo grave e inminente.

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No se trata en este caso de una obligación de fácil cumplimiento, por ello todos los análisis jurídicos y técnicos en la materia son esenciales para ayudar a que se aplique de forma más eficaz ofreciendo mayor seguridad jurídica al empresario.

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales recoge en su artículo 42 el incumplimiento, por parte del empresario, de la normativa de prevención generando un amplio marco de responsabilidades en el orden penal, administrativo de la Seguridad Social y civil.

Es importante resaltar que estas responsabilidades en ocasiones no afectan solamente al empresario, sino que pueden alcanzar a otras personas (Técnicos de Prevención de Riesgos, mandos intermedios, encargados, jefes de obra, arquitectos, compañeros de trabajo, etc.).


Responsabilidad Administrativa

La responsabilidad administrativa involucra al empresario directamente ante el incumplimiento de sus obligaciones, sin entrar a discernir si hay además negligencia.

Se traduce a través de un procedimiento administrativo sancionador que se basa en la imposición de sanciones por infracciones de orden social.

Para que una conducta empresarial sea constitutiva de infracción administrativa en materia de seguridad y salud en el trabajo debe de estar tipificada en la ley.

El sujeto sancionador en este supuesto es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que puede actuar bien de oficio o por denuncia.

La impugnación de este tipo de resoluciones o actos administrativos ha de hacerse ante la Jurisdicción Social, dotándose de un plazo de 2 meses desde su notificación en el supuesto de resolución desestimatoria y de 6 meses desde el transcurso del plazo para resolver en el supuesto de silencio administrativo.

Responsabilidad Civil

La responsabilidad civil, desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, tiene por objetivo el deber de reparar el daño causado a las personas por el incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención.

Esta responsabilidad del empresario no exime de responsabilidad al técnico u otras personas, dado que la víctima puede demandar a dicho técnico junto con el empresario en el caso de ser el causante del daño, por ello la práctica habitual es que el perjudicado se dirija frente a todos los posibles responsables.

La responsabilidad civil en estos casos, puede ir acompañada o no de un delito.

El ejercicio de acciones judiciales deberá interponerse ante los Juzgados de lo Social por tratarse de daños ocasionados como consecuencia de accidentes de trabajo.

El plazo de prescripción de la acción para reclamar la indemnización de daños y perjuicios es de 1 año, y computa desde el día en que la acción pudiera ejercitarse.

En definitiva, a diferencia de la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil conlleva la reparación económica de un daño, de ahí que es importante de toda empresa cuente con una póliza de responsabilidad civil que cubra daños que puedan derivar de las actuaciones de sus empleados.

Responsabilidad Penal

El Estatuto de los Trabajadores reconoce como un derecho laboral básico el respeto a la integridad física y una adecuada política de seguridad e higiene, encargando la Constitución Española a los poderes públicos velar por la seguridad y salud en el trabajo.

En materia de prevención de riesgos el bien jurídico que se trata de proteger es la seguridad en el trabajo, de forma independiente y autónoma de la vida y de la salud del trabajador, de ahí que se configure como un deber jurídico del empresario.

No es imprescindible que exista una lesión. El delito existe mientras exista un riesgo grave que hubiera podido evitarse siguiendo la normativa exigible.

Es interesante recordar que si los incumplimientos de las obligaciones preventivas dieran lugar a los delitos tipificados en el Código Penal, el empresario, el técnico o el empleado que fuera el responsable directo de ese incumplimiento, se podrá ver involucrado en este tipo de responsabilidad.

A diferencia del campo sancionador administrativo, el Derecho Penal únicamente admite la responsabilidad penal de las personas físicas, por lo que no serían sujetos imputados las personas jurídicas.

Se pueden dar dos supuestos delicitivos:

  • El delito de peligro, es decir, el delito contra la seguridad de los trabajadores, viene tipificado en los artículos 316 a 318 del Código Penal, fijándose como condena una pena de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 meses a 12 meses.
    En este tipo de delito, el bien jurídico protegido es la vida y salud del trabajador, con lo cual lo que se castiga es ponerlas en peligro y no un hecho consumado concreto.
  • El delito de resultado, se da en función de un resultado indeseado. Se trata de delitos de homicidio y lesiones.

No se puede dejar de hacer referencia a la concurrencia entre sanción penal y sanción administrativa que en virtud del principio “non bis in ídem” queda prohibido sancionar un mismo hecho penal y administrativamente.

Además de todas estas responsabilidades, hay que señalar, que cuando concurre un accidente de trabajo o enfermedad profesional que tenga como causa la falta de medidas de seguridad, se aplicará al empresario una sanción basada en el recargo de prestaciones económicas por infracción de seguridad en el trabajo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 del TRLGSS. Así se establece una responsabilidad del pago del recargo directamente sobre el empresario infractor, que en ningún caso podrá ser cubierto por seguro alguno. Se trata de una responsabilidad independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal.

En definitiva, la prevención de riesgos laborales es una materia de extraordinaria importancia y de análisis complejo, que necesita tanto de asesoramiento jurídico como técnico especializado para conseguir dos objetivos principales, como son mejorar la actuación preventiva y ofrecer una mayor seguridad jurídica en el cumplimiento de obligaciones por parte de los empresarios.

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