18 ene. 2014

Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental. Reformas

(3 valoraciones)
por Iván Magadalena Souto

El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, con el que se garantiza la obligación de prevenir, evitar y reparar las amenazas y los daños ambientales, y por la que se establece en España un régimen administrativo de responsabilidad medioambiental, basado en los principios de “prevención” y de que “quien contamina, paga”.

El Proyecto de Ley, que cuenta con un único artículo con doce apartados y tres disposiciones finales, modifica la citada norma con el objetivo de reforzar su vertiente preventiva fomentando los análisis de riesgos medioambientales como herramienta de gestión del riesgo medioambiental, así como de simplificar y mejorar la aplicación del marco normativo.

Asimismo, cabe mencionar que mejora y aclara distintos aspectos relacionados con las garantías financieras (mecanismo que permite hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad que se pretenda desarrollar) y simplifica también su procedimiento de constitución.

Responsabilidad medioambiental


Modificaciones importantes a la Ley 26/2007

  • Se excluye un número significativo de actividades de bajo riesgo medioambiental de la obligatoriedad de constituir una garantía financiera obligatoria.
  • Se elimina la verificación de los análisis de riesgos por un tercero, sustituyéndola por una declaración responsable del operador, lo que supone una simplificación del procedimiento y un notable ahorro económico para las empresas.
  • Se agiliza el procedimiento para la determinación de la garantía financiera, siendo el operador quien determine su cuantía a partir de un análisis de riesgos de su actividad y quien se lo comunique a la autoridad competente, sin que ésta tenga la obligación de dar su aprobación.
  • Se clarifica que cuando un operador constituya la máxima garantía financiera prevista en la Ley, no le exime de realizar un análisis de riesgos y comunicar la cuantía de la garantía financiera a la autoridad competente.
  • Se deja sin efecto una disposición adicional de la Ley mediante la cual las obras públicas de interés general no estaban sujetas a este régimen de responsabilidad si se había realizado un Estudio de Impacto Ambiental EIA y se haya cumplido la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental DIA.
  • Se insta a las autoridades competentes para que incentiven la realización voluntaria de los análisis de riesgos en los operadores de cualquier actividad que pueda ocasionar daños al medio ambiente, como medida preventiva para lograr una adecuada gestión del riesgo medioambiental.

Es destacable también que, como novedad, el Proyecto de Ley amplía el concepto de daño ambiental a las aguas, para asegurar de este modo que la responsabilidad se aplique también a las aguas marinas -quizás llega un poco tarde para el Proyecto Castor-, según recoge la Directiva 2013/30/UE sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro.

En cualquier caso, habrá que esperar a su publicación definitiva para poder hacer una valoración más exhaustiva.

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