25 jun. 2013

Nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC 2013). ¿Es discriminatoria o dinamizadora de la Justicia?

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por Tomy Palacios Martínez

Ley de Enjuiciamiento CivilEn medio de la vorágine de reformas no exentas de polémica, impulsadas por el Ministerio de Justicia que dirige Gallardón, tales como la relativa a la criminalización de supuestos de aborto hasta ahora despenalizados, la reforma del Código Penal y la del Poder Judicial, nos encontramos estos días con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que también está generando controversia, especialmente por parte de la Comisión Nacional de la Competencia, que ha elaborado un informe en el que considera gravemente perjudicial la nueva regulación de los procuradores que contempla el Anteproyecto de la Ley.

Al hilo de ello, procedo a sintetizar cada uno de los aspectos principales que se pretenden modificar, para luego entrar a valorar si cumplen con su carácter dinamizador y de agilización de la Justicia, tal y como se pretende según lo reflejado en la exposición de motivos del texto que se está tramitando en las Cortes.

Así, por un lado, se amplían las competencias que van a poder ejercer los procuradores, las cuales se les conferirán previa petición expresa de la parte que los representa al iniciar un procedimiento y a su costa, siempre bajo supervisión del Secretario Judicial.

Tales diligencias que hasta ahora venían siendo realizadas exclusivamente por personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, se materializan en la posibilidad de realizar los actos procesales de comunicación con las partes (notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos), así como, en fase de ejecución, la práctica de diligencias de embargo de bienes muebles, sueldos, pensiones, intereses, rentas, frutos, participaciones, acciones y cuentas corrientes, requerimientos de pago en el domicilio del ejecutado y demás medidas ejecutivas decretadas por el Secretario Judicial, a excepción de los lanzamientos. Asimismo, otorgan a los Colegios de Procuradores, la posibilidad de ser designados como entidad encargada y especializada para el depósito, administración y subasta de los bienes embargados, siempre por designación del Secretario Judicial y con consentimiento de la parte ejecutante.

Ha levantado polémica esta nueva regulación de funciones de los representantes procesales, especialmente en el seno de la Comisión Nacional de la Competencia, que las considera perjudiciales por entender que suponen la atribución en exclusiva de funciones públicas o cuasi-públicas a los procuradores y a sus organizaciones colegiales. Estoy en total desacuerdo con dicha interpretación, puesto que dicha atribución, tal y como se ha mencionado, requerirá siempre la anuencia del representado, por lo que en los restantes supuestos, seguirán ejerciendo dichas atribuciones los funcionarios judiciales, no existiendo tal usurpación de funciones, sino más bien una descarga de trabajo para estos en los casos en que la parte actora o ejecutante pueda permitírselo. Es más, el hecho de dotar a los procuradores de más funciones, es obvio que será beneficioso para agilizar los procedimientos judiciales, puesto que actos de comunicación o diligencias que hasta ahora se llevaban a cabo en semanas o incluso meses, podrán practicarse en cuestión de días, lo que impulsará enormemente la tramitación de asuntos pendientes.

Ley de Enjuiciamiento Civil

No obstante, el único aspecto negativo que presenta, según mi criterio, consiste en que, al igual que sucede con las tasas, constituye una medida discriminatoria económicamente hablando, puesto que tan sólo el ciudadano que pueda permitirse pagarle a su procurador por la realización de dichas actuaciones, se verá beneficiado de dicha celeridad, mientras que los demás particulares tendrán que seguir soportando a buen seguro los plazos excesivos de espera que existen para la resolución de su asunto.

Por otro lado, se introducen también breves reformas impuestas por normativas europeas, tales como la posibilidad de que las partes suspendan un procedimiento para decidir si continúan el mismo acudiendo a mediación o arbitraje, así como se incluye en el procedimiento monitorio la facultad del Secretario Judicial, cuando este provenga de un contrato celebrado entre consumidor y profesional, para suspender el procedimiento si aprecia la posible existencia de cláusulas abusivas.

En último lugar, se modifican varias cuestiones del juicio verbal. Se establece el carácter potestativo de las conclusiones orales de las partes en el mismo, tal y como en la práctica ya se venía haciendo por los Magistrados. Se introduce la contestación escrita y se regulan los recursos sobre admisión de pruebas, que serán reposición y protesta por ese orden, equiparándose así al iter existente para el procedimiento ordinario. Asimismo, se celebrará vista sólo si alguna de las partes lo solicita expresamente en la demanda o contestación, tal y como sucede en el procedimiento abreviado de la jurisdicción Contencioso-administrativa. Sobre el papel considero que hay que ver con buenos ojos estos cambios, pues unifican procedimientos, evitan cierta indefensión del actor con la contestación escrita, así como eluden la dilatación innecesaria de los procedimientos pendientes para el caso de que la controversia sea exclusivamente jurídica, al no tener que celebrarse vista.

La reforma podría aprobarse en breve y entrar en vigor a finales de año. Veremos qué efectos tendrá sobre el funcionamiento de la jurisdicción civil.

Y tú, como usuario o profesional de la Justicia, ¿qué opinas sobre dichos cambios?.

¿Crees que se conseguirá que nuestros Tribunales sean más ágiles y eficaces o solo beneficiarán a quienes tengan más recursos económicos?.

Etiquetas: Civil en Jurídico
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