15 abr. 2013

Ley Concursal: de resquicio legal a verdugo del fútbol profesional.

(7 valoraciones)
por Tomy Palacios Martínez

Ley ConcursalEn el entorno de recesión económica global en que nos encontramos, es vox populi que en los últimos cuatro años la deuda de los clubes de fútbol con la Agencia Tributaria se incrementó en 145 millones de euros, ascendiendo en total a unos 752 millones, de los cuales 673 millones corresponderían al fútbol profesional. Es también sabido, que en los años de bonanza económica, los clubes fueron engrosando su pasivo para cumplir con las expectativas que sus dirigentes generaban a los aficionados, por medio de la concesión y utilización de importantes créditos bancarios, traspasos millonarios de jugadores de dudosa calidad futbolística y sueldos desorbitados, muchos de ellos mitigados tan sólo con suculentos ingresos por derechos audiovisuales, que en los últimos tiempos también se han visto mermados.

Todo ello ha supuesto que gran parte de los clubes de fútbol profesional, concretamente diecinueve, se hayan acogido, desde la entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, a dicho procedimiento, para sanear sus cuentas y poder continuar participando en las competiciones tanto domésticas, como europeas.

Pues bien, hasta aquí puede parecer todo normal, si no fuese por el conflicto entre la normativa deportiva y la concursal, que ha permitido a muchas entidades deportivas durante estos años, beneficiarse de la regulación específica del concurso con el objeto de eludir la normativa deportiva, hasta la aprobación de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que entró en vigor el 1 de enero de 2012.

Con respecto a los clubes de fútbol que se han visto inmersos en situaciones de insolvencia, tal conflicto ha devenido, gracias a la vis atractiva de la normativa concursal, cuyo principio inspirador además es el favorecimiento de la supervivencia y continuidad de las actividades del deudor, así como a la competencia exclusiva y excluyente del juez de lo mercantil respecto de todas las acciones que pudieran afectar al patrimonio del concursado-, en que durante años, se haya originado una jurisprudencia reiterada que inaplicaba la normativa federativa que sanciona a las entidades que operan en el deporte profesional, amparándose en la prevalencia de la legislación concursal sobre la deportiva. Hemos visto así, resoluciones judiciales no exentas de polémica que, en base a dicha interpretación, ordenaban la suspensión de varios descensos administrativos de categoría, así como obligaban a la tramitación de licencias de altas y bajas de jugadores y entrenadores, a pesar de incumplir dichas entidades a final de temporada las obligaciones económicas contraídas con sus jugadores, técnicos, federación, etc., interdicción recogida en el art. 104 de del Reglamento General de la RFEF, que dispone la "obligación, para cualquier club, de hallarse al corriente de pagos con sus futbolistas el último día hábil del mes de julio de cada año, bajo apercibimiento de descenso de categoría" para la citada entidad deportiva. En este mismo sentido, el art 55.6 de los Estatutos Sociales de la LFP establece, como requisitos para la afiliación de un club a LFP, “no tener deudas pendientes, líquidas y exigibles con jugadores y técnicos, la RFEF...”

Bajo la cobertura de esta interpretación del régimen jurídico aplicable a las insolvencias de los equipos de balompié profesional, que adulteraba la competición, han evitado el descenso y en muchos casos la desaparición, clubes históricos como la UD Las Palmas, RCD Mallorca, Levante UD, Real Betis Balompié, Real Zaragoza, RC Celta de Vigo, Real Sociedad o Real Sporting de Gijón.

Dicho salvoconducto no ha sido ajeno a los ojos del legislador, que en la reforma de la Ley Concursal antes apuntada, introdujo una Disposición adicional segunda bis, relativa al régimen aplicable a las situaciones de insolvencia de las sociedades deportivas, cuya dicción literal es la siguiente:

“En los concursos de entidades deportivas que participen en competiciones oficiales, se aplicarán las especialidades que para las situaciones concursales prevea la legislación del deporte y sus normas de desarrollo. En todo caso, la sujeción a la presente Ley de dichas entidades no impedirá la aplicación de la normativa reguladora de la participación en la competición.

El Gobierno, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, deberá remitir a las Cortes Generales un proyecto de Ley sobre especialidades del tratamiento de la insolvencia de las sociedades y asociaciones deportivas profesionales, calificadas así por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y de los créditos salariales de sus deportistas.”

Una vez puestos en antecedentes, es obvio cuestionarse qué supone dicha reforma en la práctica. Pues básicamente supone, en primer lugar, que a un club en concurso que no cumpla los requisitos de aptitud (deportivos o económicos) para participar en una competición, no cabe duda de que se le aplicará la normativa administrativa deportiva a que hemos hecho alusión anteriormente, pudiendo ser excluido de la misma, aún cuando ello suponga un riesgo para la supervivencia de la entidad. Asimismo, en segundo lugar, la disposición introduce un mandato legal al Gobierno para que, transcurridos seis meses desde su entrada en vigor, remita un Proyecto de Ley que regule las especialidades de la insolvencia de las entidades deportivas, con el cual se dotaría de una mayor seguridad jurídica a la normativa aplicable en caso de insolvencia de éstas.

Trasladadas dichas consecuencias a la realidad futbolística actual, hay que reseñar primeramente, que del proyecto de ley aludido todavía no se vislumbra, a día de hoy, ni un sólo atisbo de que vaya aprobarse en breve, a pesar de haber transcurrido con creces los seis meses desde la entrada en vigor de la norma. De hecho, va casi para año y medio. Lo único que se ha sabido al respecto, en fechas recientes, es la interpelación que la oposición ha hecho al Gobierno a través de una proposición no de Ley en la que solicita que se hagan públicas las cuentas anuales y auditorías de los clubes de fútbol, así como insta al Ejecutivo a que inicie los trámites para regular, de una vez por todas, las especialidades del tratamiento de los procedimientos concursales de las entidades deportivas profesionales.

Permítanme que albergue serias dudas de que dicha ley sea aprobada antes de que acabe la presente legislatura, dada la tendencia histórica del legislador a que sea el poder judicial quien desarrolle la normativa básica, mediante la interpretación de los principios generales del ordenamiento jurídico, así como cubra los vacíos legales existentes, salvo que exista presión mediática o alarma social al respecto, cosa que de momento, respecto de este tema no ocurre, ni creo que vaya a ocurrir, debido a la condescendencia que siempre ha existido con el deporte rey, motivada seguramente por su condición de vía de escape para las masas.

Ley ConcursalEn último lugar, con respecto a la aplicación efectiva de la reforma durante este tiempo, hemos de señalar que de momento no hay precedentes en los cuales fijarnos, por cuanto desde su entrada en vigor, tan sólo el Real Club Deportivo de La Coruña ha entrado en procedimiento concursal, si bien éste aún se encuentra en su fase inicial, pues el auto de declaración de concurso data del 11 de enero del presente año, siendo por tanto demasiado prematuro aventurarse a pronosticar si será el primero en sufrir las consecuencias de la aplicación de la nueva normativa. Si bien podría pensarse a primera vista, a tenor de los números presentados por los administradores concursales, (cifran la deuda en 156 millones de euros y el déficit patrimonial en 82 millones), que la viabilidad económica del club se encuentra gravemente comprometida, posiblemente la clave para eludir un hipotético descenso administrativo, que lo empujaría irremediablemente a su liquidación y disolución, radique en que los acreedores, especialmente los que poseen derecho de prenda (Novagalicia Banco y Banco Gallego), permitan al club utilizar los ingresos por derechos audiovisuales que se encuentran bloqueados por los administradores concursales (9 millones), para el pago de las deudas con los jugadores de la actual plantilla y ex jugadores, que según parece ascienden a 12'6 millones. De lo contrario, si llega a producirse dicho impago, salvo que éstos acepten una quita importante de la deuda vencida y no denuncien tales impagos ante la AFE a final de la presente campaña, el club podría convertirse el 1 de agosto en la primera víctima de dicha reforma de la Ley Concursal.

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1 Comentarios
MVP Asesores27 nov., 2013

Incomprensible la postura del juez del Concurso del Deportivo de la Coruña. Si hace un mes aseguraba estar atado de pies y manos para evitar el descenso administrativo del club en caso de impago a sus jugadores, ahora se destapa con un auto ya recurrido por el club, en el cual estipula como una de las condiciones para desbloquear los 9 millones de Mediapro, que la entidad consiga el compromiso con la LFP y RFEF de que no va a ser excluido de sus competiciones. Señor Juez, no eluda responsabilidades y pronúnciese al respecto conforme a la legalidad vigente. ¿Qué opináis vosotros?

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