06 may. 2015

Nuevo marco legislativo del crowdfunding en España

(3 valoraciones)
por David Pazos Carballal

La Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, recoge un aspecto el cual ya tardaba en aparecer en la legislación española. Esto es el establecimiento por primera vez de un régimen jurídico para las plataformas de financiación participativa, más conocido a nivel internacional como crowdfunding.

Legislación crowdfundingEn este apartado de la Ley 5/2015, se establecen límites de inversión a cada proyecto y plataforma, la distinción entre inversores acreditados y no acreditados, y cuestiones como el correcto registro y aprobación por parte de los órganos de supervisión de las empresas autorizadas para funcionar de intermediarios, así como las obligaciones de información tanto para promotores como para inversores.

La Ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial, recoge que estas empresas autorizadas serán aquellas cuya actividad consista en poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, denominados inversores, con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa, denominados promotores.

Por lo tanto, se excluyen de este marco legislativo aquellos casos en los que se aportan donaciones, páginas en las que se realizan ventas de bienes y servicios o aquellas en las que se realizan préstamos sin intereses. Este último aspecto lo considero personalmente un error, pues aunque no haya un ánimo de lucro de por medio ganando unos intereses, la persona que aporta el dinero para un préstamo debería verse amparado bajo el mismo marco legislativo que en el caso de que exigiera el pago de unos intereses.

Para que este tipo de empresas puedan operar, deberán estar inscritas y haber obtenido la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, aplicándoseles la denominación de plataforma de financiación participativa (PFP), la cual deberá incluir en su denominación social. Esta autorización y registro por parte de la CNMV, será bajo previo informe del Banco de España.

Por lo tanto, a partir de ahora, en el caso de las empresas dedicadas a la intermediación en crowdfunding, ubicadas en España, contaremos con la regulación y el amparo de los órganos supervisores. Además de su registro y supervisión, estas plataformas de financiación participativa se verán obligados a unos requisitos de información, tanto del funcionamiento de la plataforma, así como de todos los riesgos que corre el inversor al decidirse por invertir en tal arriesgada tipología de activos.

Legislación crowdfunding

Esta Ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial, en lo relativo al crowdfunding, marca una serie de límites máximos para los proyectos y plataformas, y para ello distingue dos tipos de inversores, los acreditados y los que no lo están.

Tendrán la consideración de inversor acreditado, además de ciertas personas jurídicas, las personas físicas que acrediten unos ingresos anuales superiores a 50.000 euros o bien un patrimonio financiero superior a 100.000 euros y soliciten ser considerados como inversores acreditados con carácter previo, renunciando de forma expresa a su tratamiento como cliente no acreditado.

Aquellos que no cumplan estos requisitos, se considerarán inversores no acreditados.

Los límites a los proyectos, dependiendo del tipo de inversor serán los siguientes:

El importe máximo de captación de fondos por proyecto de financiación participativa a través de cada una de las plataformas de crowdfunding no podrá ser superior a 2.000.000 de euros, siendo posible la realización de sucesivas rondas de financiación que no superen el citado importe en cómputo anual. Cuando los proyectos se dirijan exclusivamente a inversores acreditados, el importe máximo anterior podrá alcanzar los 5.000.000 de euros.

Las plataformas de financiación participativa se asegurarán de que ningún promotor podrá tener publicado simultáneamente en la plataforma más de un proyecto.

Las plataformas de financiación participativa se asegurarán de que ningún inversor no acreditado:

  • a) Se comprometa a invertir o invierta a través de ella más de 3.000 euros en el mismo proyecto publicado por una misma plataforma de financiación participativa.
  • b) Se comprometa a invertir o invierta a través de ella más de 10.000 euros en un periodo de doce meses, en proyectos publicados por una misma plataforma de financiación participativa.

¿Ayudará este nuevo marco legislativo a captar financiación a las empresas, por vías distintas a la clásica financiación bancaria?

Es probable que muchos pequeños inversores, amparados por los órganos de supervisión, se animen ahora a invertir en este tipo de proyectos. Quizá esto, sea el comienzo de un nuevo paradigma a la financiación empresarial en España.

David Pazos CarballalDavid Pazos Carballal

Apasionado por el mundo de la empresa y las finanzas. Licenciado en ADE con Máster en Banca Finanzas y Máster en Dirección Financiera.

Mi experiencia profesional la he desarrollado en primera instancia en el sector financiero y posteriormente en el campo de la auditoría, contabilidad y gestión financiera de la empresa.

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