09 jun. 2014

Delito de alzamiento de bienes

(4 valoraciones)
por Tomy Palacios Martínez

En nuestra práctica profesional, es bastante habitual encontrarse con clientes que solicitan asesoramiento en situaciones de impago de deudas que les ocasionan un importante trastorno y contra las cuales desconocen la manera adecuada de actuar.

Uno de los mecanismos que arbitra nuestra legislación, ante conductas de insolvencias punibles, es la condena por delito de alzamiento de bienes, cuyo tipo de injusto pretende proteger el patrimonio de la víctima de la despatrimonialización dolosa por parte del deudor de su peculio, ejecutada con intención de evadir el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

En nuestro país, hemos tenido casos sonados de imputados por este ilícito penal, como los de Bertín Osborne, Juan Guerra, Gerardo Díaz Ferrán (ex presidente de la CEOE), Jesús Ortiz (padre de la princesa Letizia) o José Santacana (marido de Arantxa Sánchez Vicario), entre otros.

Delito alzamiento de bienes

Normativamente, en nuestro Código Penal se regula en el art. 257, que condena con pena de cárcel de 1 a 4 años o multa de 12 a 24 meses, a quien se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores. También lo será el que con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación.

Se trata, por tanto, de un delito de mera actividad o peligro, lo que implica que no será necesario para su consumación, que se alcance el fin defraudatorio perseguido por el autor, siendo suficiente con realizar actos de disposición que disminuyan su patrimonio, haciéndole parcial o totalmente insolvente.

Asimismo, cabe señalar que existe un subtipo agravado, que supone la aplicación de la pena en su mitad superior si el delito:

  • Recae sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.
  • Reviste especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia.
  • Si el valor del alzamiento supera los 50.000 €.

Según lo establecido en el número 5, del art. 257 del Código Penal, el alzamiento de bienes puede ser perseguido aún cuando tras su comisión se iniciara una ejecución concursal. Por lo que no se excluye la tramitación paralela de ambos procedimientos, en lo que supone una clara separación de procesos, civil y penal.

En cuanto a la responsabilidad civil ex delicto, es menester que se restituya el orden jurídico alterado, declarando la nulidad de las escrituras de compraventa, donaciones, etc, ordenando las cancelaciones registrales pertinentes (arts. 110 ss. Código Penal) sin perjuicio de los terceros adquirentes, cuyas adquisiciones sean irreivindicables por concurrir los requisitos exigidos por las normas protectoras del tráfico jurídico (art. 464 Código Civil para los bienes muebles, art. 34 Ley Hipotecaria para los inmuebles, protección del tercero hipotecario en virtud de la fe pública registral arts. 85, 86, 324 y 545 Código de Comercio, etc.).

Además, todos aquellos a los que les pudiera afectar la Sentencia, habrán de ser llamados al proceso a fin de ser oídos.

En definitiva, por el carácter técnico y de difícil persecución de este tipo de delitos, en caso de que usted se vea en situaciones similares que puedan ocasionarle problemas legales, lo aconsejable es que contacte con abogados especializados en la materia, que le orientarán de manera adecuada, en orden a proteger su patrimonio e intereses, así como evitándole disgustos judiciales innecesarios.

Etiquetas: Penal en Jurídico
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